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Acúdase a los tribunales

 
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Casio
Asiduo
Asiduo


Registrado: 21 Sep 2006
Mensajes: 68

MensajePublicado: Miércoles 23 Julio 2008 12:43    Asunto: Acúdase a los tribunales Responder citando

López Ibor escribió:
En el caso este, de una posible ofensa [...], si así se considera, es bien fácil: acúdase a los tribunales, pues a ellos y a nadie más corresponde corregir, penando a los infractores y delincuentes, si es que hay causa. ¿O es que piensas que a pesar de los defectos que haya, el poder Judicial de la España constitucional es más dependiente del Ejecutivo que en la época de la dictadura sufrida.?


El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dictaminado que Javier Gómez de Liaño no tuvo un juicio independiente e imparcial cuando una Sala del Supremo lo condenó en 1999 por prevaricación en el caso Sogecable. A su vez, el Tribunal Constitucional español denegó, en su momento, el recurso de amparo solicitado por el magistrado. En la sentencia, los jueces del tribunal de Estrasburgo condenaron a España por unanimidad.

En este sentido, la sala del Tribunal de Estrasburgo, presidida por el juez andorrano Josep Casadevall y de la que no formaba parte el juez español, Luis López Guerra, que se abstuvo de participar, estima que las quejas de Gómez de Liaño en su demanda estaban "objetivamente justificadas".

De todo lo sucedido en el caso Liaño, fue la condena por un delito de prevaricación lo único que se destacó en los medios de comunicación del grupo PRISA. Nada se dijo de la posición del entonces Fiscal del Tribunal Supremo, José María Luzón, y de los votos particulares discrepantes del magistrado ponente, José Manuel Martínez Pereda. Sus conclusiones fueron claras: el juez Javier Gómez de Liaño no cometió delito alguno y, de hecho, no debió siquiera ser juzgado.

Ya en su informe de conclusiones definitivas, el fiscal José María Luzón defendió que en la actuación judicial de Gómez de Liaño "no se aprecia injusticia, ni siquiera una resolución ilegal, ni siquiera conciencia e intención de faltar a la Justicia". De hecho, hizo hincapié en que "la prevaricación no puede ser percibida por unos sí y otros no", sino que cualquier jurista debe coincidir cuando se produce un delito de este tipo.

Cuando se emitió la sentencia de condena hacia Gómez de Liaño, el magistrado del Tribunal Supremo José Manuel Martínez-Pereda, que formó parte del tribunal, emitió un voto particular discrepante que, aunque pueda resultar anecdótico, era más extenso que la propia sentencia. Calificó la condena a 15 años de inhabilitación de "insólita" y "anómala" ya que, bajo su percepción, el procesado no había cometido delito alguno.

Pero recordemos cuáles fueron los hechos que nos llevan al porqué de esta historia:

Francisco Javier Gómez de Liaño y Botella, nacido en Orense el 21 de agosto de 1948, es licenciado en Derecho por la Universidad de Salamanca y, en sus inicios, fue juez de vigilancia penitenciaria antes de pasar a la Audiencia Nacional. Desde este tribunal asumió casos como el de Lasa y Zabala. Entre 1990 y 1995 fue también vocal del Consejo General del Poder Judicial.

En 1997 asumió una denuncia contra el grupo PRISA, en concreto, contra su filial de medios audiovisuales de pago, Sogecable, por hacer uso indebido de 23.000 millones de pesetas que los, por entonces, abonados a Canal Plus habían pagado como garantía de depósito por los descodificadores.

El entonces director de Canal Plus, Carlos Abad, aseguró en un artículo publicado en el diario El País -que también pertenece al grupo Prisa- que los 23.000 millones de pesetas que los abonados pagaron en concepto de depósito de garantía habían sido utilizados, «al igual que los ingresos obtenidos por las cuotas». Abad afirmó que «no hay un baúl donde se guarde el dinero entregado como garantía». Sin embargo, el Código Civil impide expresamente la utilización de los fondos procedentes de los depósitos.

El juez Gómez de Liaño, tomó las siguientes decisiones durante la instrucción del caso Sogecable:

    1) Imponer una fianza de 200 millones de pesetas a Jesús de Polanco.

    2) Exigir a algunos consejeros de Sogecable la necesidad de solicitar permiso al juez instructor para abandonar el territorio nacional.

    3) Volver a decretar el secreto del sumario después de que la Sala de lo Penal le hubiese obligado a levantarlo.


En septiembre de 1997, cuatro directivos de Sogecable -Jesús de Polanco, Juan Luis Cebrián, Gregorio Marañón y Francisco Pérez González- presentaron en el Tribunal Supremo una querella contra Gómez de Liaño por presunta prevaricación por las decisiones tomadas por éste en el curso de la instrucción del caso.

La querella contra el magistrado fue admitida a trámite en febrero de 1998. La instrucción se realizó, por el magistrado del Tribunal Supremo Joaquín Martín Canivell, entre febrero y octubre de 1998. El auto de procesamiento de Martín Canivell se produjo en junio de 1998. Es decir, se tardó más -cinco meses- en admitir a trámite una querella que en procesar al juez Gómez de Liaño -cuatro meses-, dejando el instructor del Supremo sin realizar algunas de las diligencias solicitadas por el querellado. Hasta el mes de noviembre de 1998 la Sala no se pronunció sobre el recurso de Gómez de Liaño contra el procesamiento.

Tan sólo el magistrado Martínez-Pereda, en su voto particular, es sensible a los razonamientos del fiscal del Supremo. Ni el instructor, Martín Canivell, ni los otros dos miembros de la Sala -Gregorio García Ancos y Enrique Bacigalupo- hicieron el menor caso al criterio del fiscal. Curioso.

Tras el rechazo del recurso contra el procesamiento de Gómez de Liaño, el abogado de éste, Jorge Trías, basándose en una reciente sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, -según la cual los magistrados que deciden sobre el procesamiento no pueden ser los mismos que los que juzgan, ya que estarían contaminados-, solicitó la inhibición de los tres magistrados que conforman el Tribunal. Sin embargo, la Sala contestó al letrado que no estaban contaminados y que si se opone a la composición de la Sala, el camino que debe seguir es el de recusar a sus miembros. ¿Qué problema había para que fuesen otros tres miembros de la Sala Segunda del Supremo los que juzgasen a Liaño?

Al ser procesado, el juez Javier Gómez de Liaño fue apartado de la Audiencia Nacional por el Consejo General del Poder Judicial, también en contra del criterio del fiscal general del Estado, quien aludió al posible daño irreversible que se le podría causar al juez si luego no se demostrase que hubiese prevaricado. Desde junio de 1998 hasta el año 2000, el juez Gómez de Liaño estuvo suspendido de empleo y sueldo; además se le prohibió realizar tareas propias de su profesión en la judicatura, como dictámenes jurídicos.

No podemos olvidar el ambiente en el que hubo de realizar su labor Javier Gómez de Liaño. Nunca un juez en España ha sido objeto de una campaña difamatoria tan fuerte como la soportada por él. Ante ese clima hostil, el juez solicitó amparo en diversas ocasiones al Consejo General del Poder Judicial, que nunca se lo dio.


Gómez de Liaño fue indultado según el Real Decreto 2392/2000, de 1 de diciembre, que le permitió el reingreso en la carrera judicial. El demandante pidió inmediatamente una excedencia y ejerce en la actualidad como abogado.

Ahora, el juez en excedencia de la Audiencia Nacional afirma que "siempre estuvo convencido" de que dos de los tres jueces del Supremo que formaron el tribunal que le juzgó "no eran imparciales e iban a condenarme en contra del criterio del fiscal y del magistrado ponente", como finalmente sucedió. "Estrasburgo ha despejado la duda de imparcialidad que no vio ni la Audiencia Nacional ni el Tribunal Supremo", explica hoy el nuevo abogado, y destacó la importancia de la sentencia "desde el punto de vista técnico y jurídico". "Es el punto final de una especie de vía crucis de 10 años", afirma Gómez de Liaño, quien recordó que los tribunales europeos "llevan mucho tiempo llamando la atención sobre las prácticas de parcialidad de los jueces, sobretodo en España".

La sentencia de la Corte de Estrasburgo condena al Estado español a pagar 5.000 euros a Gómez de Liaño en concepto de "daños morales" al considerar que se violó el artículo 6.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que establece el derecho a ser juzgado por un tribunal imparcial.

Sin embargo, es una vergüenza que la indemnización sea tan irrisoria. No se entiende cómo un tribunal europeo, ante una arbitrariedad tan grave, ponga esta ridiculez de sanción, porque lo que hace así es animar a otros a pensar en prostituir la democracia y acabar con la separación de poderes, pues sale extraordinariamente barato delinquir.

De los tres magistrados firmantes de la sentencia del Tribunal Supremo contra Gómez de Liaño, Gregorio García Ancos, Enrique Bacigalupo Zapater y José Manuel Martínez-Pereda y Rodríguez, sólo uno, Bacigalupo, continúa formando parte del Tribunal Supremo aunque al cumplir los 70 años entra en jubilación forzosa y será nombrado magistrado emérito sin reunir siquiera los requisitos.

Por otro lado, y a la vista de la sentencia,

    1º.- ¿El fiscal general del Estado no debería denunciar de oficio a los magistrados parciales por una presunta prevaricación?

    2º.- ¿El CGPJ no debería expedientar a los citados magistrados, incluido el emérito, por dichas actuaciones?

    3º.- ¿No debería quedar en suspenso el nombramiento de emérito del ínclito Bacigalupo, al ser la condena en este procedimiento su gran mérito para tal gracia?



A todo esto, El País digital y todo el conglomerado mediático del grupo PRISA, oculta la noticia a su rebaño; como era de esperar.
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MensajePublicado: Jueves 19 Febrero 2009 23:54    Asunto: El nacional socialismo del PSOE Responder citando

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